La Ley Antifraude que entró en vigor en España en 2021, formalmente conocida como la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, tiene una serie de puntos clave detallados que buscan fortalecer las medidas contra el fraude fiscal y mejorar la recaudación de impuestos.

Aquí están algunos puntos clave en detalle:

1. Declaración de bienes en el extranjero: Se refuerza la obligación de declarar los bienes y derechos situados en el extranjero, así como las cuentas en entidades financieras fuera de España. Esto incluye la obligación de informar sobre cuentas bancarias, valores, bienes inmuebles y otros activos situados en el extranjero que superen determinados umbrales.
2. Limitación del pago en efectivo: Se establecen límites más estrictos para los pagos en efectivo en determinadas operaciones. Por ejemplo, se reduce el límite máximo de pago en efectivo en transacciones entre empresarios y profesionales de 2.500 a 1.000 euros. Esto busca dificultar las transacciones opacas y el blanqueo de capitales.
3. Control sobre criptomonedas: Se intensifica el control sobre las operaciones con criptomonedas. La ley establece la obligación de los intermediarios, como plataformas de intercambio, de informar a la Administración Tributaria sobre las operaciones relevantes realizadas por sus clientes. Esto incluye la obligación de identificar a los titulares de las operaciones y proporcionar información sobre las mismas.
4. Refuerzo de la cooperación internacional: Se refuerzan los mecanismos de cooperación internacional para combatir el fraude fiscal. Se establecen nuevas obligaciones de información para determinadas entidades y se facilita el intercambio automático de información tributaria entre distintos países.
5. Sanciones más severas: Se establecen sanciones más severas para quienes cometan fraude fiscal. Se incrementan las multas por infracciones tributarias y se establecen nuevas sanciones para determinadas conductas, como la utilización de empresas interpuestas para ocultar la titularidad de bienes o la realización de operaciones simuladas.

En relación con las cláusulas de facturación de empresas y autónomos, la ley establece una serie de medidas para combatir el fraude fiscal y promover una mayor transparencia en las transacciones comerciales. Algunos aspectos relevantes relacionados con las cláusulas de facturación incluyen:

1. Facturación electrónica: La ley promueve el uso de la facturación electrónica como medio para mejorar la trazabilidad y la verificación de las transacciones comerciales. El uso de la factura electrónica puede facilitar la detección de irregularidades y reducir la posibilidad de fraude. Así se aprueba el El «Reglamento VeriFactu» que establece los requisitos que deben adoptar los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos de facturación de empresarios y profesionales, y la estandarización de formatos de los registros de facturación.
2. Registro de operaciones: La ley establece la obligación de mantener un registro detallado de todas las operaciones comerciales, incluyendo la emisión de facturas y otros documentos relacionados. Este registro debe ser preciso y estar disponible para su inspección por parte de las autoridades tributarias.
3. Control de cláusulas abusivas: La ley también puede incluir disposiciones relacionadas con el control de cláusulas abusivas en los contratos de facturación, especialmente aquellas que puedan utilizarse para ocultar ingresos o evadir impuestos. Se pueden establecer sanciones para las empresas que utilicen prácticas abusivas en sus facturas.
4. Cooperación con la Administración Tributaria: La ley puede establecer mecanismos de cooperación entre las empresas y la Administración Tributaria para facilitar la detección y prevención del fraude fiscal. Esto puede incluir la obligación de proporcionar información adicional sobre las operaciones comerciales cuando sea necesario para verificar la veracidad de las facturas emitidas o recibidas.

Ley Antifraude resumen:

Puede tener implicaciones significativas para las cláusulas de facturación de empresas y autónomos, ya que busca promover prácticas transparentes y combatir el fraude fiscal a través de medidas como la facturación electrónica, el registro detallado de operaciones, el control de cláusulas abusivas y la cooperación con la Administración Tributaria.